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▶El Ministerio de Economía y Hacienda está tramitando el proyecto de Orden Ministerial (OM) de 'Transparencia Bancaria' que legitimará a las entidades financieras para la inclusión de los 'swaps' y las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, ambas prácticas pendientes de calificación en los tribunales, según el texto de la OM, al que tuvo acceso Europa Press.
"Si la orden sale adelante tal y como está planteada dará munición a la banca ante los tribunales", comenta a El Confidencial, Antonino Joya, portavoz de la OCU, organización de consumidores que tiene abiertos varios frentes judiciales por las 'cláusulas suelo'.
Precisamente, la noticia se conoce después de que un juez de Madrid declarara 'no abusivas' las cláusulas suelo del Banco Popular y el BBVA -tal y como demandaba la OCU- en línea con una sentencia anterior de Alicante, pero en contra de lo dictaminado por un juez de Sevilla y otro de León.
El pasado 29 de julio, Economía y Hacienda publicó esta OM y abrió el periodo de audiencia pública, que finalizó el pasado 6 de septiembre. La nueva legislación podría ser aprobada antes de la disolución de las cortes y la celebración de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
La propuesta de OM, que pretende sustituir a la actual Orden de Transparencia de 1989, permite incluir en las hipotecas los 'swaps' (seguros frente a la subida de los tipos de interés) y las cláusulas suelo (límite a la bajada de los tipos) con la única obligación de que sea el notario el que informe al cliente y controle la legalidad de las cláusulas antes de firmar el préstamo. Tanto unos como otros tienen abiertos varios procedimientos judiciales y algunos magistrados ya se han pronunciado y cuestionado la legalidad de ambos.
¿Qué pasará entonces con los procedimientos judiciales abiertos?
"Antes de que se apruebe hay que ser cautelosos", comenta a El Confidencial Pilar Sánchez-Bleda, abogada y socia directora de Legal & Media Advisers. "Además, será clave si la normativa tiene carácter retroactivo o no".
Por su parte, Javier Sevillano, experto en derecho bancario y consumo del mismo bufete llama la atención sobre la disposición transitoria que deberá acompañar a dicha normativa. "En ella se deberá regular la aplicación de la orden en procesos iniciados pendientes de sentencia. Lo más probable es que se aplique a los procedimientos que se encuentren en segunda instancia -audiencias provinciales".
"Hasta ahora y ante la ausencia de normativa concreta que lo regulara, un tribunal podía determinar si estos productos o cláusulas eran ilegales por abusivas, desequilibradas o confusas", comenta Sevillano, "si se aprueba la orden ministerial tal y como está planteada, habrá que demostrar, caso por caso, que ha habido vicio o cláusulas poco claras, engaño o confusión en la contratación. Si el banco o la entidad consigue determinar que el cliente conocía el producto y los riesgos del mismo, no habrá posibles recursos".
Desde la OCU -organización con varios procedimientos judiciales abiertos por las cláusulas suelo-, Antonino Joya, manifiesta a El Confidencial su malestar ante la posibilidad de que dicha normativa salga adelante tal y como está planteada. "La orden dice que cuando un consumidor vaya a firmar una hipoteca, el notario deberá informarle sobre la existencia o no de un suelo. Si recoge esta posibilidad reconoce que este tipo de cláusulas son legales". "Nosotros lo que venimos demandando es que por ley se determine que este tipo de cláusulas son abusivas". Y advierte que la OCU "seguirá adelante con las demandas con todas las de la ley".
Quejas del sector financiero y organizaciones de usuarios
La OCU y otras asociaciones de consumidores han mostrado su malestar al respecto, pero no son las únicas. Junto a las patronales del sector financiero (AEB y CECA) acordaron ayer durante la celebración del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consensuar un escrito de rechazo a su aprobación, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del acuerdo.
Las mismas fuentes explicaron que los motivos de rechazo de las entidades financieras y los representantes de los consumidores son "radicalmente distintos", pero ambos coinciden en rechazar la "precipitación".
El sector financiero considera que esta legislación podría ser más restrictiva que las Directivas Europeas de transparencia bancaria, mientras que las asociaciones de consumidores mantienen que supone un peligro para los derechos de los clientes y avala prácticas bancarias que los tribunales están pendientes de determinar si son o no "abusivas".
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